Bolivia cumple un mes de bloqueos de carreteras que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, una protesta que ha provocado desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas, y que agrava la crisis económica que vive el país desde 2023.
Las medidas, impulsadas por organizaciones campesinas, la COB y sectores afines a Evo Morales, se extendieron a ocho de nueve regiones y ya generan pérdidas superiores a 2.100 millones de dólares, además de diez fallecidos, según la Defensoría del Pueblo.
El conflicto escaló al plano internacional: países del Escudo de Las Américas respaldaron a Paz y denunciaron intentos de desestabilización, mientras Bolivia recibió ayuda humanitaria de EE.UU., Perú, Chile y Argentina.
Los operativos policiales para abrir corredores humanitarios fracasaron y los intentos de mediación no avanzan. Sectores aimaras dieron un ultimátum al mandatario, quien insiste en dialogar.
Ante la persistencia de la crisis, crece el debate sobre un estado de excepción, luego de que el Parlamento ampliara las facultades de las Fuerzas Armadas. Paz afirma que usará todos los mecanismos constitucionales, priorizando la vía del diálogo.
Con información de agencias
