Jimmy López Morillo
Publicado en Últimas Noticias
Los anuncios que ha venido haciendo el presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, luego de ser proclamado vencedor por un precario margen sobre el senador Iván Cepeda en el balotaje del 21 de junio, han comenzado a generar inquietudes sobre el rumbo que tomará ese país a partir del momento en que tome posesión el venidero 7 de agosto.
Entre los más recientes, e inquietantes, están el de sus intenciones de eliminar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), creada en abril de 2017 luego de la firma del Acuerdo Final de Paz en septiembre del año anterior, poniendo fin al largo conflicto entre el Gobierno de esa nación y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-EP), que tantas vidas costó a lo largo de décadas.
Además, también ha anunciado que eliminará al Comisionado de Paz y sus “deseos” de “ver en la cárcel” a uno de los firmantes del Acuerdo, Sergio Londoño, alias “Timochenko”, quien ya le respondió que no le importaría entregar su vida y convertirse en el número 501 de los que lo suscribieron y fueron asesinados posteriormente.
Rumbo. El mandatario electo colombiano ha hecho otros anuncios que han llevado a su excontendiente en las elecciones, Iván Cepeda, a advertir sobre el peligroso rumbo que podría emprender ese gobierno hacia el paramilitarismo, algo que tantas heridas abiertas ha dejado en ese hermano país.
En un documento difundido a través de sus redes sociales el 8 de este mes titulado “Mi mensaje a la Nación”, el también defensor de los derechos humanos alertó que desde la Casa de Nariño se orientan a conformar un gobierno con ese perfil.
En el mismo, después de hacer un repaso por las siete décadas de conflicto armado y las más de 800.000 personas asesinadas, afirma que durante los gobiernos de Álvaro Uribe “se intentó paramilitarismo el Estado, controlando el Congreso, abriéndole paso desde la Casa de Nariño a la parapolítica”.
Cepeda subraya que de nuevo, “en Colombia comienza a configurarse un gobierno paramilitar”, con el anuncio de políticas como la de “crear los llamados ‘bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad’, estructuras que estarían integradas por veteranos y reservistas”.
El parlamentario recalca que esas personas “no hacen parte de la Fuerza Pública” y por tanto no pueden asumir roles como los relacionados con “el mantenimiento del orden público, porque esas competencias pertenecen exclusivamente al Estado y están sometidas al mandato de la Constitución”.
“El resultado de la historia del paramilitarismo en Colombia no ha sido nunca más seguridad, sino más violencia, más arbitrariedad y más impunidad”, remarca Cepeda.
Más adelante alerta sobre la “criminalización de la protesta social”, destacando que “desde el pasado 21 de junio no pasa un día sin que de la Espriella y su entorno, con la complicidad de alcaldes autoritarios como Fico Gutiérrez en Medellín o Alejandro Eder en Cali, alentados por el despotismo beligerante de su nuevo jefe, amenacen con desatar una brutal represión contra quienes osen salir a las calles a protestar y para ello, desde ya sostienen que toda movilización será expresión de vandalismo y bloqueos para los cuales habrá ‘cero tolerancia’”.
El senador subraya que de esta manera volverá a crearse el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), “un cuerpo creado con el fin de desatar todo tipo de acciones violentas, especialmente contra la juventud y que alcanzó un tenebroso récord de violación de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, práctica de la tortura y la violencia sexual”.
Cepeda también se refirió al planteamiento del presidente electo, un multimillonario con incontables negocios, de crear megacárceles que serían administradas por empresarios, y sostiene que los anuncios han sido hechos por “alguien cuya vida personal y profesional fue puesta al servicio de paramilitares y narcotraficantes”.
A Uribe se le vincula con los paracos desde hace años
Aunque lo ha negado persistentemente (como lo ha hecho con otros crímenes de los cuales se le acusa), el expresidente Álvaro Uribe (muy ligado al ahora presidente electo) y su familia han sido vinculados desde hace mucho tiempo con las fuerzas paramilitares, concretamente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Por ejemplo, la Fiscalía General de Colombia tiene entre sus investigaciones la presunta utilización de la hacienda “La Guacharaca”, propiedad de los Uribe en la década de los 90, para la creación del Bloque “Metro” de esa sangrienta organización en el departamento de Antioquia.
En el mismo departamento, también se asocia a Álvaro Uribe, gobernador entre 1995 y 1997, con facilitar o permitir que los grupos paramilitares perpetraran las masacres de La Granja, en 1996, y El Aro, 1997.
Además, también se ha investigado su presunta responsabilidad en el asesinato en 1998 del defensor de los derechos humanos Jesús María Valle, denunciante de la complicidad entre los militares, los paramilitares y su gestión como gobernador para cometer crímenes.
Iván Cepeda denunció y logró la condena, que luego fue revocada, del exmandatario por presuntamente ordenar sobornos a paramilitares presos para que cambiaran testimonios en los que se le inculpaba.
El legado sangriento dejado por las AUC
Entre los episodios recientes más sangrientos de la historia del vecino país está el de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un bloque paramilitar creado en 1997 .
La intención fue la de conformar una alianza político-militar de los grupos de extrema derecha, mediante la cual comenzaron a hilvanar un tenebroso historial de violaciones, despojos de tierras, masacres, narcotráfico, convirtiéndose, según los registros, en los autores de la mayor cantidad de víctimas del conflicto armado.
Sus tácticas y estrategias se fundamentaban en el terror para apoderarse de inmensas porciones del territorio, obligando a millones de campesinos a desplazarse de forma forzosa de las tierras que legítimamente les correspondían. Millones de hectáreas quedaron en sus manos, muchas veces en beneficio de terratenientes locales y de políticos corruptos.
Creadas, entre otros, por los hermanos Carlos y Vicente Castaño y jefes criminales como Salvatore Mancuso, hicieron del narcotráfico uno de sus principales negocios y llegaron a controlar buena parte del poder político en instancias locales, regionales y nacionales, permeando la mayoría de las instituciones.
Fueron miles de asesinatos los que dejaron en suelos colombianos y hoy todavía quedan algunos de sus grupos.
